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Más de 200 profesionales asistieron en Almería y Málaga a la presentación del cortometraje Espiral
Fecha  03/07/2009

Más de 250 profesionales de los distintos ámbitos que tienen que ver con la asistencia a menores asistieron a la presentación del cortometraje Espiral, que la Fundación Márgenes y Vínculos ha organizado a principios de julio en Almería y Málaga. Espiral es una película de ficción en la que se retrata el dolor de los menores que sufren abusos sexuales y el calvario que supone para ellos ir repitiendo lo que les ha pasado ante los profesionales de las diferentes instituciones de la Administración cuando denuncian lo sucedido.

La presentación en Almería fue el jueves 2 de julio, en el salón de actos del Museo Arqueológico. Participaron en ella Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía; Luis López Jiménez, delegado provincial de la misma consejería en Almería; y Francisco Mena, presidente de Márgenes y Vínculos. Entre el público, que abarrotó el salón de actos del museo, había personal del servicio de protección de menores, jueces, fiscales, responsables del servicio de prevención y apoyo a las familias, y funcionarios del mundo de la educación y la salud.

Carmen Belinchón insistió en pedir a los presentes que intentaran ver el vídeo con los ojos de los menores y no con los de su profesión, que se pusieran en la piel de los niños y niñas que son víctimas de abusos o maltrato. La directora general explicó que con el vídeo se intenta concienciar a todos los profesionales de las distintas administraciones que trabajan en la protección de menores para que actúen de forma coordinada con el fin de evitar lo que los especialistas denominan victimización secundaria. Es decir, el agravamiento del dolor de los niños y niñas que han padecido abusos cuando tienen que contar y revivir, una y otra vez, lo que les pasó.

Esto es precisamente lo que se narra en Espiral, que está dirigida por el gaditano Antonio Cansino y cuya producción fue subvencionada por la Consejería para la Igualdad. La película, que dura ocho minutos, cuenta la historia de una niña que ha sufrido abusos sexuales de su tío. En ella se ve cómo el sistema jurídico-asistencial somete a la niña a sucesivos interrogatorios para verificar la agresión. Así, la menor contesta a preguntas de una pediatra, una trabajadora social, un médico forense, un policía, una psicóloga, un juez y el abogado defensor del agresor.

En Málaga el cortometraje fue presentado el viernes 3 de julio en la sede del Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Asistieron casi un centenar de personas, en su mayoría personal de la administración de justicia, los servicios sociales, salud, educación y del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía. Además de Carmen Belinchón y Francisco Mena, participó en la presentación Amparo Bilbao, delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social en Málaga.

Belinchón dijo que el Gobierno andaluz emprenderá las reformas legales necesarias para erradicar la victimización secundaria. Explicó que ya hace unos años se reformaron los protocolos de actuación para mejorar la coordinación de los técnicos de las distintas instituciones. Añadió que eso había mejorado algo la situación, pero reconoció que hay que seguir trabajando para mejorarla aún más. Francisco Mena, presidente de Márgenes y Vínculos, dijo que es necesaria una legislación específica, a nivel nacional, que concrete las competencias de cada área profesional, su forma de intervención y la coordinación con el resto. También pidió una reforma de la legislación penal que implique una jurisdicción específica sobre delitos contra los menores, como ocurre con la violencia de género. Mena agregó que dicha reforma debe recoger la posibilidad de que el testimonio grabado en vídeo mediante la intervención de un psicólogo y con la presencia de un secretario judicial, que otorgue fe pública, sirva como instrumento de prueba para sustentar una acusación, sin tener que someter a los menores a nuevas pruebas evaluadoras o nuevas testimonios.

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