Un niño o niña ha sido asesinada al mes a manos de su padre en lo que va de 2026 en España. Una mujer ha muerto a mano de su pareja o ex pareja cada cinco días en este mismo periodo. Las fuentes oficiales informan de que son 1.357 las mujeres asesinadas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas de este tipo de crímenes. La violencia de género, que no sólo se ceba en las mujeres, sino también en sus hijas e hijos, es una violencia que no cesa. El Ministerio del Interior tiene detectados actualmente en el Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, VioGén, 1.551 niñas y niños en riesgo de ser agredidos por los maltratadores de sus madres. De todos ellos, uno presenta un riesgo extremo y se teme por su vida, 133 un riesgo alto, por lo que también se teme por su vida, y 1.417 un riesgo medio.
La ley vigente en España dice: La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, es un símbolo brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Este primer párrafo forma parte de la exposición de motivos de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Todos los poderes públicos, todas las autoridades, fuerzas policiales y agentes de autoridad, por tanto, tienen el deber de perseguir este delito público que atenta contra la vida y la integridad de las mujeres. Deben hacerlo al tener conocimiento del mismo y sin esperar a recibir denuncia previa de la mujer perjudicada.
Dice la ley que los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Es la Constitución española, en su artículo 9, la que obliga a los funcionarios del estado a perseguir este tipo de delitos: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Esta ley de 2004 tuvo un valor histórico y supuso un nuevo enfoque para que la sociedad española y el estado enfrentaran la violencia de genero. Mucho han hecho los poderes públicos desde entonces y en las fuerzas de seguridad existen cuerpos especializados para combatirla. La violencia de género, sin embargo, sigue existiendo y cada semana conocemos un nuevo episodio de esta suerte de terrorismo doméstico en el que cada poco tiempo un hombre mata a una mujer, la hiere o le produce graves lesiones.
La última memoria de actividades de la Fiscalía General del Estado publicada es la de 2025, que informa de que en 2024 hubo en España 50 feminicidios íntimos de pareja de los que 19 corresponden al primer semestre y 31 al segundo. Feminicidios íntimos se refiere, según el código penal, a cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al agresor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con él.
Las estadísticas señalan que desde 2006 a 2024 hubo 1.124 asesinatos por violencia de género y que en el 50,87 por ciento del total de los meses analizados ha habido cinco o más feminicidios al mes, 116 meses de 228.
De las 50 mujeres que fueron asesinadas en 2024, en 14 ocasiones las víctimas habían denunciado previamente al presunto agresor, lo que representa el 28 por ciento. Y del total de 50 presuntos asesinos, 8 tenían antecedentes de violencia de género con otras parejas o exparejas (el 16 por ciento). Un total de 35 agresores eran nacionales y 15, extranjeros.
La mayoría de las víctimas eran españolas, un total de 31, lo que supone el 62 por ciento, y 19 extranjeras, el 38 por ciento. Las españolas representan el 1,68 por millón de mujeres españolas residentes en España mientras que las mujeres extranjeras representan el 8,32 por millón de mujeres extranjeras residentes en España. La extranjería, por tanto, puede ser considerada como factor de riesgo añadido.
La Fiscalía General del Estado, en 2024, registró 14 feminicidios ampliados consumados, es decir, asesinatos de hijas, hijos u otros familiares de las mujeres atacadas. Si comparamos estos datos con los de 2023, año en el que solo hubo dos, vemos que el incremento fue del 600 por ciento. Las víctimas fueron en 9 ocasiones hijos o hijas menores de edad del propio agresor; en un caso, un hijo mayor de edad; en dos ocasiones, madre de la pareja del agresor; en 1 ocasión el padre y en otra, un conocido de la víctima.
La persecución y erradicación de esta violencia tiene tres obstáculos, interrelacionados entre ellos, muy difíciles de eliminar. La pervivencia de la cultura machista en la sociedad, con siglos de arraigo en la conciencia de muchos hombres y mujeres, de muchas familias; la pervivencia de esta cultura machista en funcionarios de la justicia y la policía, como en muchos otros ámbitos de la sociedad; y el miedo de las mujeres víctimas a denunciar la violencia que sufren por miedo a sus agresores y a no ser oídas ni atendidas por quienes deben defenderlas y hacer justicia.
La estrategia de los delincuentes que las agreden, la ignorancia de muchas víctimas de su propia condición de tal, la presión familiar para que no denuncie y la justificación ideológica que el sistema patriarcal sigue dando a quienes cometen este tipo de delitos alimentan esta situación inexplicable en otro tipo de delitos: Quienes lo sufren teme denunciarlo e, incluso, contarlo a sus familiares o amigas y amigos.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) concentró este año sus reivindicaciones del Día de Internacional de la Mujer el lema: Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas: La ONU hace hincapié en la necesidad de desmantelar las barreras estructurales que impiden a las mujeres de muchos países el acceso en igualdad a las instituciones de justicia: leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes y prácticas y normas sociales nocivas que socavan los derechos de las mujeres y niñas.
El autor de este reportaje hizo para la Fundación Márgenes y Vínculos en 2021 una investigación social titulada Informe diagnóstico sobre las mujeres migrantes que sufren violencia de género en el Campo de Gibraltar y Ceuta. Al hilo de la citada recomendación de la ONU, una de las conclusiones sobre aquel trabajo que aún siguen siendo pertinentes y actuales decía así: Es necesario que las autoridades del Estado en todos sus niveles territoriales impulsen más acciones de sensibilización de la sociedad en general y de formación de sus funcionarios para acabar con la cultura machista y contraria a la igualdad entre hombres y mujeres que todavía impregna muchas mentalidades y dificultan la vida de las víctimas de violencia de género y sus posibles acciones para superar su condición. Abogados del turno de oficio, policías, guardias civiles y funcionarios de las administraciones que tienen que ver con los ámbitos de lo social, la salud y la educación deben recibir esta formación específica.
Otras conclusiones de aquel trabajo merecen ser conocidas por todas las personas que trabajan para la Administración, incluidos los agentes y responsables de las fuerzas de seguridad que trabajan con personas migrantes. Una de ellas dice que todas las mujeres víctimas de violencia de género sufren por igual el horror psicológico, físico y sexual, pero las mujeres migrantes tienen desventaja respecto a las naturales de este país para concienciarse sobre su situación, denunciar y superar psicológica y socialmente todo el trauma vivido e intentar tener una vida más digna y feliz. Tienen, por su condición de migrantes, dificultades específicas que les hacen más difícil encarar el día después del delito sufrido y encarar todo el proceso que viene después y superarlo satisfactoriamente.
Los factores que ponen dificultades mayores a las mujeres migrantes víctimas de violencia de género para que denuncien el delito y puedan emprender su rehabilitación y recuperación personal son: La falta de redes familiares y sociales; la inestabilidad de su situación documental, que carezcan de ella, o que estén pendientes de renovar la residencia y que ello depende de su pareja; un dominio pobre del idioma o su ignorancia casi absoluta; la ignorancia de la ley y de los recursos públicos que pueden ayudarle a poner denuncia por el delito que sufren y salir de su condición de víctima; y la interiorización de los roles de género reforzada por la presión excesiva del contexto familiar, social, cultural y religioso en que se han educado.
Las mujeres migrantes de clase trabajadora o esposas de hombres trabajadores, desempleados o con problemas socioeconómicos, son las que más difícil tienen la posibilidad de afrontar la denuncia, el juicio y la vida después de la condena de sus agresores. Para ayudarlas, Márgenes y Vínculos trabaja con un proyecto llamado Prointegra en el Campo de Gibraltar y Ceuta. En eso estamos.
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