Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones sociales de España han reclamado este mes de marzo medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales. Esta petición está basada, entre otros, en un estudio realizado por SOS Racismo en 2023 que concluye que la identificación de personas motivada por su perfil racial sigue siendo una práctica habitual en todo el estado. Por cada persona blanca identificada, son 7,4 personas extranjeras las paradas y registradas, según este estudio. El 80 por ciento de las personas racializadas encuestadas han sido detenidas más de una vez. Son las de origen magrebí o árabe las que más sufren esta discriminación.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea advertía en 2024 de que las personas negras tienen un mayor riesgo de ser objeto de controles policiales. Un 34 por ciento de jóvenes afrodescendientes entre 16 y 24 años había sido parado por fuerzas de seguridad en los cinco años previos al estudio. En España, el 34 por ciento de los hombres afrodescendientes fueron identificados, y entre quienes fueron detenidos en el último año, el 58 por ciento considera que su última detención estuvo motivada por discriminación racial. España es el segundo país con la tasa más alta en esta percepción, con un 66 por ciento.
Y un estudio de observación directa realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la estación de autobuses de Granada en 2016 reveló que por cada persona blanca que era identificada por la policía eran 42 las personas negras paradas.
Han sido 400 las organizaciones que han hecho esta reclamación con motivo del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo. El lema que acompaña su manifiesto de denuncia y reclamación este año es “Parad el racismo y no a las personas”. Lo firman, además de Amnistía Internacional, SOS Racismo, Rights International Spain, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia, Defender a quien defiende, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y así hasta 400 entidades de todo el Estado español. Estas entidades recuerdan que las paradas, identificaciones y redadas racistas tienen graves consecuencias para las personas, pues afectan a su salud física y emocional, al verse sometidas a controles injustificados que les obligan a tener que identificarse, e incluso ser cacheadas en espacios públicos. Estas actuaciones también profundizan su estigmatización social y vulneran sus libertades y derechos fundamentales. Las personas migrantes, incluidas las que están en procesos de regularización, pueden sufrir las consecuencias de todo ello de modo dramático. Estas actuaciones pueden acabar en la expulsión del país de las personas o retrasar su obtención de permisos de residencia y trabajo, si la policía les para y les multa, o si les impone algún tipo de sanción.
La Asociación de Policías Antifascista, organización creada hace poco y ya con presencia en diferentes territorios del estado, considera que la defensa de los derechos humanos debe presidir siempre toda actuación policial y que ninguna intervención debe jamás vulnerarlos. Esta asociación, en su manifiesto fundacional, asegura que la policía fomentar el análisis reflexivo sobre su labor como agentes de la seguridad, para dialogar abiertamente sobre sus experiencias, revisar procedimientos y, al mismo tiempo, huir de la reproducción de prácticas que contravienen la vocación inherente de un oficio que genuinamente está orientado al servicio público.
Las organizaciones unidas en torno al día internacional contra el racismo añaden que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y organismos de Naciones Unidas han denunciado estas prácticas en España pidiendo su expresa prohibición. Y temen que el nuevo reglamento de retorno que se está debatiendo en el Parlamento Europeo ponen en riesgo los derechos más básicos de las personas migrantes. Aseguran que va a abrir la puerta a paradas con perfil racial, redadas en espacio público, deportaciones y más vigilancia. Y que va a acercar a la Unión Europea al modelo del ICE de Estados Unido, que da prioridad a la coerción frente a la protección.
Los grupos firmantes de esta reclamación proponen que se implanten de forma obligatoria formularios de parada policial. Es decir, registros que documenten cada identificación con datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones. Consideran que ésta sería una forma de garantizar publicidad y transparencia en las actuaciones policiales y recuerdan que esta petición sigue las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo.
La Asociación de Policías Antifascistas se define a sí misma como una organización apartidista que pretende ofrecer un espacio en el que poner en valor su compromiso con la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social; y desde el que mostrar un firme rechazo al fascismo en todas sus formas.
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