El Pacto sobre Migración y Asilo (PEMA) entró plenamente en vigor el 12 de junio de 2026. El Pacto sobre Migración y Asilo es un conjunto de normas que gestionan la migración y establecen un sistema común de asilo a nivel de la UE, que ofrece resultados sin dejar de estar arraigado en los valores europeos, según defiende la Comisión Europea.
Tras su entrada en vigor en junio de 2026, las nuevas normas sobre migración y asilo garantizan, según la comisión, que la Unión cuente con fronteras exteriores sólidas y seguras, que se garanticen los derechos de las personas y que ningún país de la UE quede desprotegido ante las presiones. La comisión asegura que el PEMA ofrece resultados sin dejar de estar arraigado en los valores europeos.
“Un sistema europeo para controlar las fronteras exteriores de la UE, garantizar la equidad entre los Estados miembros y proteger a las personas necesitadas”, es la definición de la administración comunitaria a este conjunto de normativas.
El PEMA reestructura la fase de entrada del extranjero en territorio europeo mediante tres fases procedimentales de obligado cumplimiento:
- Reglamento de control de cribado. Establece una fase previa a la admisión a trámite de cualquier solicitud. Comprende la verificación de la identidad, control sanitario, análisis de riesgos para la seguridad interior y la toma de datos biométricos para la base de datos Eurodac. El procedimiento tiene una duración máxima de 7 días.
- Ficción Jurídica de no entrada. Los solicitantes sometidos al procedimiento acelerado de frontera se consideran formalmente como no personados en territorio nacional. Esta delimitación conceptual justifica la restricción de su libertad deambulatoria en instalaciones perimetrales.
- Mecanismo de solidaridad vinculante. Rompe con la territorialidad estricta. Los Estados miembros que rehúsen la reubicación de solicitantes de asilo están obligados al abono de una contribución financiera fija por cada solicitante rechazado, destinada a fondos de gestión migratoria y cooperación con terceros países.
La transposición y acoplamiento técnico de los reglamentos del PEMA al derecho interno español ha exigido una profunda reforma legislativa. Esta intervención se canaliza formalmente a través de dos textos normativos aprobados en sede de Consejo de Ministros como anteproyectos de ley para su inmediata tramitación parlamentaria.
- Sustitución de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
Las modificaciones sustantivas y procesales son las siguientes:
- Procedimiento de Urgencia en Frontera. Se tasa un plazo perentorio e improrrogable de 12 semanas para la instrucción y resolución de solicitudes con bajo índice de concesión estadística.
- Simplificación del Régimen de Recursos. Se suprime el recurso de alzada en vía administrativa para los procedimientos tramitados bajo la modalidad de urgencia, habilitando directamente la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, reduciendo los plazos de interposición.
- Ampliación Objetiva del Tipo de Persecución. Se tipifican específicamente los motivos de persecución por identidad de género, expresión de género y discapacidad, dotando de mayor taxatividad a la subsunción jurídica en el estatuto de refugiado.
- Modificación de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería)
La reforma se ciñe a los preceptos que colisionaban con el principio de eficacia de las expulsiones y el control de flujos:
- Institucionalización del triaje. Regulación legal de la retención inicial con fines de cribado en instalaciones policiales habilitadas (CATE) por un periodo ordinario de 72 horas, prorrogable excepcionalmente.
- Vinculación del doble título jurídico. La resolución desestimatoria de la solicitud de protección internacional dictada en el procedimiento de frontera conllevará aparejada, de forma automática y en el mismo acto, la ejecución de la orden de retorno o expulsión, sin necesidad de incoar un expediente sancionador independiente bajo la Ley de Extranjería.
Cuadro Comparativo de los Procedimientos de Protección Internacional
| Régimenes jurídicos | Régimen Anterior (Ley 12/2009) | Régimen PEMA |
| Plazo del procedimiento de urgencia | Hasta 3 meses (vulnerado sistemáticamente por colapso). | Máximo de 12 semanas (fijado bajo apercibimiento sancionador de la UE). |
| Situación jurídica del solicitante | Libertad de deambulación por el territorio nacional tras la admisión. | Ficción jurídica de no entrada con residencia obligada en demarcación. |
| Vía de Impugnación Administrativa | Recurso de alzada potestativo ante el Ministerio del Interior. | Supresión del recurso intermedio. Acceso directo a la tutela judicial. |
| Articulación de la Expulsión | Expedientes paralelos e independientes de asilo y extranjería. | Acto administrativo concéntrico (Desestimación = Expulsión inmediata). |
El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha elaborado el documento titulado Guía sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo para ayudar a los colegios profesionales y a los abogados en la aplicación del nuevo marco normativo europeo, que detalla los reglamentos y procedimientos aplicables.
El documento, publicado originalmente en ingles en noviembre de 2025, se encuentra disponible en español, lo que facilita su consulta por parte de los profesionales de la abogacía ante la aplicación del nuevo marco europeo en materia de asilo y migración.
El objetivo de esta guia es identificar las obligaciones específicas que recaen sobre los abogados en la defensa y asistencia de migrantes y solicitantes de asilo, así como las garantías procesales y derechos que deben proteger y exigir en cada etapa del procedimiento.
Resumen las principales recomendaciones y puntos de atención que el CCBE a las/os abogadas/os y profesionales del derecho en el contexto del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo:
- Acceso efectivo a los migrantes y solicitantes de asilo
Las/os abogadas/os deben asegurar su acceso efectivo a los nacionales de terceros países durante todas las fases del procedimiento (triaje, asilo, traslado, etc.).
Deben estar atentos a cualquier restricción de acceso impuesta por los Estados miembros y verificar que estas restricciones estén justificadas y no limiten indebidamente el derecho de defensa.
- Derecho a la información y asistencia jurídica
Es fundamental que las/os abogadas/os garanticen que los solicitantes reciban información adecuada, clara y en un idioma que comprendan realmente, sobre sus derechos, obligaciones y procedimientos.
Se recomienda que la información y el consejo jurídico sean proporcionados por profesionales cualificados, preferentemente abogados independientes, desde el inicio del procedimiento y en todas sus fases.
- Consejo jurídico gratuito y asistencia jurídica
Las/os abogadas/os deben promover y asegurar el acceso al consejo jurídico gratuito y a la asistencia y representación jurídicas gratuitas, tanto en la fase administrativa como en la de recurso.
Se recomienda que el consejo jurídico gratuito sea individual y no colectivo, para garantizar la confidencialidad y la eficacia.
El consejo jurídico debe incluir orientación sobre los procedimientos, derechos, obligaciones y vías de recurso.
- Garantías procesales y acceso al expediente
Las/os abogadas/os deben velar por el acceso al expediente completo del solicitante en cualquier fase del procedimiento, para poder ofrecer una defensa efectiva.
Deben estar presentes en las entrevistas personales, salvo renuncia expresa del solicitante, y asegurarse de que se respeten todas las garantías procesales.
- Protección de los derechos fundamentales y jerarquía normativa
Es esencial recordar y hacer valer que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y los instrumentos internacionales (como la Convención de Ginebra) prevalecen sobre el derecho derivado de la UE.
Las/os abogadas/os deben invocar la jurisprudencia relevante del TJUE, TEDH y comités de derechos humanos de la ONU cuando sea necesario.
- Atención a los grupos vulnerables
Se debe prestar especial atención a los menores, menores no acompañados y personas vulnerables, asegurando que se respeten sus garantías específicas y que reciban asistencia jurídica especializada.
- Supervisión de plazos y procedimientos
Las/os abogadas/os deben vigilar el cumplimiento de los plazos procesales (registro, traslado, recursos, etc.) y actuar con rapidez, especialmente en procedimientos acelerados o fronterizos.
Es importante solicitar el efecto suspensivo de los recursos cuando proceda, para evitar expulsiones o traslados indebidos.
- Mecanismos de reclamación y control
Las/os abogadas/os deben conocer y utilizar los mecanismos de reclamación ante Frontex, la Agencia de Asilo de la UE y otros organismos, en caso de vulneración de derechos fundamentales.
- Colaboración con Colegios y Consejos de la Abogacía
Se recomienda a las/os abogadas/os y colegios de abogacía participar activamente en la configuración y supervisión de los sistemas nacionales de asistencia jurídica y consejo jurídico gratuito.
Es importante mantener la independencia de la abogacía y evitar que la asistencia jurídica sea prestada por funcionarios públicos para garantizar la confidencialidad y la calidad.
- Formación y actualización continua
Las/os abogadas/os deben mantenerse informados y formados sobre las novedades legislativas, jurisprudenciales y prácticas en materia de migración y asilo, dada la continua evolución del marco normativo europeo.