La violencia no se queda en el país de origen. Viaja. Se instala en la precariedad administrativa, en el miedo a ser deportada, en el desconocimiento de unos derechos que nadie ha explicado en el idioma correcto. Para muchas mujeres migrantes que llegan a España, a Andalucía, a Ceuta, a Canarias, el sistema de protección existe sobre el papel. Pero en la práctica, con frecuencia, no llega a tiempo.
Una de cada dos. Y casi ninguna denuncia.
El 63% de las mujeres migrantes encuestadas en el informe Migradas (MPDL, 2024) ha sufrido algún tipo de violencia de género. Más de seis de cada diez. Y, sin embargo, la mayoría no denuncia.
¿Por qué? Esa es la pregunta que en este artículo intentamos responder.
Según el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, durante el periodo 2006-2022, el 43% de las víctimas de violencia de género en España eran mujeres extranjeras. Una cifra que dobla, con creces, su peso proporcional en la población. En 2024 la tendencia se mantiene: de los 34.042 casos registrados con medidas cautelares o de protección en mayores de 18 años, 13.645 (casi el 40%) corresponden a mujeres de nacionalidad extranjera (INE, 2024).
Pero hay un dato del informe Migradas II (MPDL, julio 2025) que merece detenerse: el 44% de las mujeres encuestadas había sufrido violencia en su país de origen, el 31% en España, y un 27% en ambos contextos. Dicho de otro modo: emigrar no protege. En muchos casos, la violencia cambia de escenario, pero no de agresor, y la víctima llega a un lugar nuevo con menos redes, menos conocimientos de los derechos que la amparan y más dificultad para comunicarse.
Antes de llegar. Durante el trayecto. Después.
En 2025, la Federación Andalucía Acoge y el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla (CESPYD) publicaron Cuerpos, Fronteras y Violencias Basadas en el Género, un estudio financiado por la Junta de Andalucía que recogía, por primera vez con esta metodología, las voces de mujeres migrantes llegadas a las costas andaluzas. Catorce mujeres. Entrevistas en profundidad y un año entero de trabajo de campo.
Lo que encontraron no sorprende a quienes trabajan en la primera línea de acción, pero sí lo evidencia con una claridad que incomoda: la violencia basada en el género no empieza al llegar a España. Está antes de la partida, a veces es el motivo de huida, durante la ruta donde la violencia sexual es frecuente y casi nunca se denuncia y, además, sigue presente en el destino atravesando fronteras.
Las mujeres que llegan a Algeciras, a Tarifa, a Motril… cargan con ese historial. Y los protocolos de primera acogida, en la mayoría de los casos, no están diseñados para detectarlo.
Ceuta: la única ciudad sin centro de crisis. Y la más expuesta.
Ceuta es la única ciudad española que todavía no tiene operativo un centro de crisis para víctimas de violencia sexual. El resto del territorio, sí. Así lo documenta el informe de Amnistía Internacional sobre estos centros, publicado en noviembre de 2025.
Esto no es un detalle menor. Es una brecha de protección en el territorio de España con mayor proporción relativa de población migrante, cerca del 13% según el INE, frontera directa con Marruecos, punto de llegada de personas procedentes del Magreb y del África subsahariana.
Cinco de los feminicidios analizados en el comité de crisis nacional convocado en julio de 2025 correspondían a mujeres migrantes (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).
A esto se añade otra invisibilidad sistemática: el teléfono 016, principal recurso de atención a víctimas, no recoge datos desagregados por nacionalidad ni país de nacimiento. No podemos medir lo que no registramos. Y no podemos proteger lo que no somos capaces de ver.
Por qué no denuncian. Y por qué denunciar tampoco siempre funciona.
El informe Migradas identifica tres barreras principales para denunciar: miedo, vergüenza y falta de información en su idioma. Tres palabras que en la práctica significan cosas muy concretas.
El miedo no es irracional. Es estratégico. El agresor sabe perfectamente que la amenaza de una denuncia que derive en expediente de expulsión funciona. La mujer también lo sabe, o cree saberlo, que a efectos prácticos es lo mismo. Lo que muchas no saben es que la legislación española las protege con independencia de su situación administrativa. Que pueden denunciar. Que existe la posibilidad de obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Ese desconocimiento compartido, en muchas ocasiones por los propios profesionales que las atienden es parte del problema.
Pero incluso cuando denuncian, el acceso a la reparación no está garantizado. Migradas lo documenta con precisión: aunque las mujeres migrantes representan más del 30% de quienes denuncian o tienen órdenes de protección, solo una minoría accede a ayudas económicas o recursos de apoyo. El sistema recibe la denuncia, pero no siempre genera protección real.
Y luego está la violencia que no se reconoce como tal. Los celos presentados como amor. El control del móvil como protección. Los insultos que “no son para tanto”. La violencia psicológica es la más extendida y la menos detectada, tanto por las víctimas como por los profesionales, en parte porque no deja marcas visibles y en parte porque hay culturas donde esos comportamientos están tan normalizados que ni siquiera tienen nombre.
Lo que tú puedes ver que otros no ven
La detección no es tarea exclusiva de la policía ni de los juzgados. Ocurre, o debería ocurrir antes, en cualquier contexto profesional. Cada uno de esos espacios es una oportunidad para detectar. Y cada perfil requiere saber qué buscar y como identificar.
En una consulta sanitaria, presta atención a:
- Lesiones que no encajan con la explicación que da la mujer.
- Consultas repetidas por síntomas vagos (como ansiedad, insomnio, dolor crónico) sin causa orgánica clara.
- Un acompañante que responde por ella, que no se separa, que mira cuando le preguntan.
- Embarazos no deseados o interrupciones recurrentes.
- Descuido generalizado de su propia salud.
En el ámbito jurídico:
- No sabe cuál es su situación administrativa real, o su documentación está en manos de otra persona.
- No conoce los derechos que tiene, incluida la posibilidad de protección con independencia de sus papeles.
- Expresa miedo a denunciar, pero no sabe exactamente a qué.
- Viene acompañada siempre.
En el centro educativo:
- El niño o la niña falta mucho. Las justificaciones no cuadran con lo que se observa en los/as menores.
- La madre nunca viene sola a las reuniones. Cuando viene, habla poco y mira al acompañante antes de responder.
- El menor ejerce de intérprete en situaciones que no le corresponden.
En trabajo social:
- No toma decisiones sola. Consulta, espera, pide permiso.
- Minimiza lo que cuenta. “No es para tanto.” “Está mejor.”
- Rechaza la ayuda porque teme lo que pasará si el agresor se entera.
- Lleva tiempo cambiando de domicilio. Se ha alejado de todo el mundo.
En las fuerzas de seguridad:
- El relato cambia, se contradice. Eso no significa que mienta: puede significar que tiene miedo.
- No quiere presentar denuncia, aunque reconoce lo que ha vivido.
- El agresor está cerca. Demasiado cerca durante la declaración.
Ante estas situaciones hay una sola regla transversal: consigue un momento a solas con ella. Sin el acompañante. Sin testigos que la condicionen. Ese momento, muchas veces, lo cambia todo.
El marco legal existe. El problema es que no todo el mundo lo conoce.
España tiene instrumentos legales para proteger a las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. No faltan las normas. Lo que falla con frecuencia, es que lleguen a quienes las necesitan.
- La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género garantiza acceso a recursos con independencia de la situación administrativa de la víctima.
- La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos de los extranjeros contempla que una mujer en situación irregular que denuncie violencia de género puede acceder a una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
- El Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) obliga al Estado a proteger a todas las víctimas de violencia de género sin distinción de origen o situación migratoria, y a adoptar medidas específicas para quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad.
Conocer esto no es cuestión de especialización jurídica. Es una obligación deontológica de cualquier profesional que pueda tener delante a una mujer migrante en situación de riesgo.
No es un problema de recursos. Es un problema de mirada.
Los datos del informe Migradas II son contundentes: las mujeres migrantes no acceden en igualdad de condiciones a la protección que ofrece el sistema. No porque no exista. Sino porque entre el sistema y ellas hay demasiadas capas de desconfianza, desconocimiento y burocracia que nadie ha tenido el tiempo, ni la formación, de desmontar.
La investigación de Andalucía Acoge y la Universidad de Sevilla añade algo que los datos solos no pueden decir: estas mujeres no son víctimas pasivas. Tienen estrategias, tienen resistencias, tienen redes que construyen desde cero en condiciones difíciles. Lo que no tienen, en demasiados casos, es alguien del lado institucional que sepa verlas.
Eso es lo que puede cambiar la formación. No es magia. No es tampoco una promesa de que con más cursos se resuelve una problemática estructural. Pero sí es verdad que una trabajadora social que sabe identificar los indicadores, que conoce el marco legal, que sabe a quién llamar, puede marcar una diferencia concreta en la vida de una persona concreta, porque la violencia no espera a que el sistema esté listo. Pero los profesionales sí debemos estar preparados.
La violencia de género contra las mujeres migrantes no se resuelve sola. Se resuelve cuando alguien, en una consulta médica, en una oficina de servicios sociales, en un aula o en una comisaría, decide mirar con atención y actuar con conocimiento, y ese alguien puede ser tú.